El Justicia, mucho más que un mito

Una de las instituciones propias y peculiares del Reino de Aragón fue la del Justicia, figura encargada de vigilar el cumplimiento de los Fueros aragoneses, evitando que el rey impusiera su autoridad por encima del Derecho.

Suponía, pues, una limitación al poder del monarca, que podía ser acusado de contrafuero; y de ello estuvieron muy orgullosos los aragoneses, hasta el punto de que llegó a afirmarse que en Aragón «antes fueron leyes que reyes» (todo lo contrario de ese popular refrán que dice «Allá van leyes, do quieren reyes«).

Monumento al Justicia, en la Plaza de Aragón (Zaragoza)

Desde el siglo XV, al menos, se configura el mito de la fundación del viejo Reino como acuerdo de un grupo de caballeros del Sobrarbe que, decididos a elegir un rey que los gobernase, eligieron previamente a un juez para que actuara como mediador entre él y ellos, impidiendo que el rey los sojuzgara. Este juez sería el Justicia de Aragón. El mito, recogido por escrito en 1435, en la famosa Letra intimada del Justicia Juan Jiménez Cerdán, lo que hace es testimoniar la tradición, luego muy extendida, de que Aragón no estuvo nunca sometido a ningún tirano. Sería ésta una de las claves de la personalidad política del viejo Reino medieval: la de que los aragoneses supieron salvaguardar sus fueros y costumbres frente al poder real.

Escudo del Justicia de Aragón

Lo que la Historia nos dice es que la institución del Justicia Mayor de Aragón existió al menos desde 1223, en que aparece citado en la documentación, aunque oficialmente se creó en las Cortes de 1265, celebradas en Ejea de los Caballeros. Se estableció entonces que el Justicia sería designado por el monarca para juzgar en los conflictos con el rey, tratando de evitar que éste los resolviese basándose en el Derecho romano y no en la tradición jurídica aragonesa. Con el tiempo sus atribuciones fueron variando y ampliándose, sobre todo en las décadas siguientes a su creación oficial, que coincidieron con las revueltas nobiliarias de la Unión; se le otorgó la jurisdicción sobre las causas de los nobles y debía asesorar también al rey, informándole de cuándo sus mandatos podían contravenir los fueros. Desde la época de Pedro IV el Ceremonioso fue intérprete del Derecho aragonés, depositario de la ley y juez del contrafuero, y sus resoluciones eran vinculantes para el monarca. Pero también hubo que limitar la actuación del propio Justicia, por parte de las Cortes, para impedir que éste se convirtiese en un mero defensor de los privilegios de las oligarquías.

Sello de la oficina del Justicia, en un documento de 1592

Los dos derechos fundamentales que el Justicia había de garantizar, incluso frente al rey, fueron los denominados de «firma» y de «manifestación«. Ambos estaban dirigidos a proteger a los acusados de un delito frente a prisiones abusivas o arbitrarias y frente a las torturas o tratos vejatorios; se impedía, así, que un inocente sufriera perjuicios hasta que no fuera declarado culpable. El derecho de «manifestación«, además, facultaba al Justicia a exigir la entrega de cualquier aragonés que hubiera sido detenido por otros jueces o instituciones, para que fuera custodiado en la Cárcel de Manifestados, donde se le garantizaba un trato digno hasta que fuese juzgado. Se trataba, pues, de un derecho realmente moderno que hoy llamaríamos «presunción de inocencia».

Junto a la Puerta de Toledo (en Zaragoza, al lado de donde hoy está el Mercado Central) estuvo la cárcel de los manifestados, cuyo maravilloso retablo se conserva en el Museo de Zaragoza

El Justicia fue una figura muy importante dentro de las instituciones del Reino hasta el siglo XVI, pero conforme la monarquía, siguiendo las corrientes europeas, se iba acercando a un modelo absolutista, todo lo que recordara al antiguo pactismo se fue viendo limitado y la autoridad del Justicia también. El episodio más traumático de la historia del Justiciazgo fue la decapitación de Juan de Lanuza el Mozo en 1591, como uno de los castigos que infligió el rey Felipe II a Aragón tras las denominadas «Alteraciones de Zaragoza«. Otro día contaremos la historia con más detenimiento, pero hoy os la resumo: Antonio Pérez, secretario real de linaje aragonés, se refugió en Zaragoza buscando amparo foral al ser acusado de traidor en la Corte de Felipe II, y fue detenido en la Cárcel de Manifestados; los funcionarios del rey lo llevaron a la Aljafería, sede del Tribunal de la Inquisición, tras acusarlo de herejía, y ello dio origen a un motín ciudadano que acabó con el envío de tropas castellanas por el monarca a Zaragoza para sofocar la rebelión. Antonio Pérez consiguió huir a Francia, pero Aragón fue castigado con varias medidas que limitaban sus derechos y se decapitó a su Justicia, acusado de «traidor y que levantó la bandera y otros aparatos de guerra contra su rey«.

Juan de Lanuza a punto de ser decapitado. Óleo de Victoriano Balasanz, 1886

En las siguientes Cortes, celebradas en Tarazona en 1592, el Justicia perdió atribuciones en favor de la Real Audiencia, y finalmente desapareció, al igual que otras instituciones aragonesas, con los decretos de Nueva Planta de 1707. El trágico final de Juan de Lanuza por orden de Felipe II, sin embargo, convirtió en un símbolo a la figura del Justicia de Aragón como defensor de los derechos y libertades propias frente a imposiciones e injerencias foráneas.

Ruinas del convento de San Francisco, en Zaragoza

Juan de Lanuza fue enterrado en el convento de San Francisco (situado donde hoy está el edificio de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la plaza de España). El edificio fue volado en los Sitios que la ciudad sufrió entre junio de 1808 y febrero de 1809, y con el tiempo el cuerpo fue a parar al Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, ya convertido en un mito del liberalismo español. En 1914 se volvería a traer a Zaragoza, pero no a un lugar cualquiera sino a la Real Capilla de Santa Isabel (también conocida como San Cayetano), construida por la Diputación del Reino en el siglo XVII y llena de símbolos relacionados con Aragón.

Urna funeraria de Juan de Lanuza el Mozo, en la iglesia de Santa Isabel, Zaragoza

Con la democracia y la creación del Estado de las Autonomías se recuperó el cargo de Justicia en Aragón. Sus atribuciones no son las mismas, pero nuestro particular defensor del pueblo, que tuvo en Emilio Gastón Sanz a su primer representante, es un homenaje a esa institución tan querida, y desde luego una figura respetada por su trabajo.

Palacio de Armijo, sede actual de la institución del Justicia

Otro día seguimos hablando de los símbolos de Aragón, pero de momento os dejamos aquí otras entradas de nuestro blog y os recordamos que podéis seguirnos entrando en http://www.facebook.com/identidadaragonesa o en twitter, @estatutoaragon.