El régimen legal de consorcio conyugal. Bienes comunes y privativos. La gestión del consorcio.

Decíamos en el post anterior, que todo matrimonio se sostiene sobre una base económica, que puede ser pactada por los interesados en escritura notarial, mediante las denominadas capitulaciones matrimoniales, a través de las cuales podría establecerse un sistema de separación o de comunidad de bienes, cada uno de ellos con especialidades.

Si no hubiera pacto, se aplica en Aragón, como sistema de comunidad, el denominado CONSORCIO CONYUGAL, disponiéndose en el Código de Derecho foral, cuales son bienes comunes y bienes privativos de cada uno de los cónyuges, con excepciones.

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● En este régimen la mayor parte del patrimonio familiar serán BIENES COMUNES, de modo que en esa masa se incluirán, los ingresos que se obtienen por uno u otro cónyuge, como consecuencia de los rendimientos del trabajo de cualquiera de los cónyuges, sueldos, salarios, pensiones e indemnizaciones por despido o cese de la actividad profesional de uno de los cónyuges, rendimientos del capital como los intereses, dividendos y plusvalías de prestamos y acciones, rendimientos obtenidos de las empresas así como ganancias en el juego y bienes adquiridos a costa del caudal común o en sustitución de los mismos. La regla general por tanto, será la formación de una masa importante de bienes comunes.

Por excepción, no formarían parte de ese caudal común y son PRIVATIVOS, los bienes que cada cónyuge hubiera adquirido antes del matrimonio y los que durante él puedan adquirirse por herencia o donación, que serán privativos y no comunes. Se diferencian por tanto como bloques posibles, el patrimonio común o consorcial, distinto al patrimonio privativo y particular de cada uno de los cónyuges. También serían privativos las denominadas “aventajas” que son los bienes de uso personal o profesional de cualquiera de los cónyuges.

Se entiende y presume que son bienes comunes todos aquellos que no se justifique que sean privativos de cualquiera de ellos. Además serán comunes o privativos los bienes o dinero que, por permuta o no, vinieran a reemplazar los que fueran comunes o privativos, conforme al principio jurídico de subrogación real (por ejemplo la indemnización obtenida como consecuencia de la expropiación de un bien común o privativo).

Por el principio de libertad de pactos podrían los cónyuges pactar en escritura que sean privativos los comunes o al revés.

Quizá aclare la materia varios ejemplos, sobre algo tan fundamental como la compra del piso familiar.

Primer ejemplo: se casan Juan y María y cualquiera de ellos era propietario de un piso antes del matrimonio, con lo cual ese piso no formará parte del patrimonio común y si se vende, el dinero también será privativo y no consorcial.

 Otro ejemplo. Si después del matrimonio, con los ahorros acumulados por los dos cónyuges o por uno de ellos se compra un apartamento, dicho apartamento será consorcial y del común. También sería consorcial la indemnización por despido o la pensión del marido o la mujer. La renta que se obtenga de un piso alquilado, aunque sea un bien privativo, se considerara como bien común.

 Un tercer ejemplo más complicado: Uno de los cónyuges, todavía soltero, ha comprado un piso y ha pagado el primer plazo, pero una vez casado, los pagos posteriores son a cargo y a costa de los bienes comunes en donde se recogen todos los ingresos. Entonces, dice el Código, que el piso será privativo de quién lo compró, sin perjuicio de que en la disolución y liquidación del matrimonio se compensen y se realicen reintegros entre el patrimonio de cada cónyuge y el patrimonio común. Es lo justo.

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 ● En la GESTIÓN Y GOBIERNO DE LOS BIENES COMUNES, ambos cónyuges tienen el mismo poder de decisión, en pie de igualdad, que,  deberá desarrollarse con la debida diligencia y en interés de la familia. Cada uno puede actuar indistintamente, tanto para actos de administración ordinaria, como para actos propios de su profesión o negocio, debiendo existir una información reciproca sobre la gestión del patrimonio común y los resultados producidos (hay que tener en cuenta que siempre esta pendiente el usufructo de viudedad).

 Mediante ese patrimonio común, pueden financiarse las cargas del matrimonio, es decir, los gastos ordinarios de la familia, de alimentación, vestido, educación o sanidad, así como crianza y educación de los hijos, conforme a decisiones que han de adoptar ambos cónyuges con la debida diligencia. Si existieran graves o reiterados desacuerdos, los cónyuges podrían solicitar del Juez la disolución del citado consorcio conyugal, pasando al régimen de separación de bienes.

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Categorías: Derecho foral | 1 comentario

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