El régimen de separación de bienes. Las parejas estables no casadas.

I. Todo matrimonio tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista personal, sino también patrimonial y económico, en cuanto a gastos comunes o individuales de cada uno. O bien hay un pacto entre los interesados o es la ley quién resuelve.

 Rige en toda España el principio de libertad de pactos, con lo cual serán los cónyuges quienes, mediante escritura notarial de capitulaciones matrimoniales, establezcan la economía del matrimonio. Si nada pactaran, será la ley la que decidirá sobre cómo se asumen y pagan los gastos y deudas del matrimonio.

 El régimen legal general previsto en España, para los territorios donde no ha subsistido el derecho foral, es el régimen de comunidad, que es el que rige en Aragón, con el nombre de régimen de consorcio conyugal. Sin embargo, en otras autonomías como Cataluña, Baleares y Valencia el régimen legal es el de separación de bienes.

II.-  El Código de Derecho Foral de Aragón regula ese RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, que en nuestra Comunidad sólo sería de aplicación cuando lo hubieran pactado los cónyuges. Lo característico de este sistema es:

– la no existencia de comunidad de bienes, que serán de la propiedad de uno o de otro.

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– cada cónyuge tiene la administración, goce y libre disposición de sus bienes individuales, con total autonomía, sin perjuicio de que pueda encargar la gestión de todos o alguno de sus bienes a su cónyuge, mediante el contrato de mandato. Cada cónyuge obtendrá para sí sus ingresos, podrá enajenar sus bienes libremente y limitará su responsabilidad a las deudas que contrae.

– los cónyuges conservan el derecho de viudedad, salvo renuncia expresa, aún no existiendo comunidad de bienes entre ellos.

– los gastos de la familia y de crianza y educación de los hijos, son responsabilidad de ambos cónyuges, de modo que uno y otro responderán solidariamente frente a terceros de buena fe, conforme a los medios económicos de cada uno (o por mitad según la doctrina jurídica).

– la ley protege la vivienda habitual de la familia y el mobiliario ordinario, exigiendo que para la venta y enajenación sea necesario el consentimiento de los dos cónyuges o autorización judicial. Si vendiera unilateralmente uno, el otro podría reclamar en el plazo de cuatro años.

III.- Las Cortes de Aragón, sensibles a las nuevas formas de convivencia, regularon ya en 1999, las PAREJAS ESTABLES NO CASADAS, mediante normas que han pasado al Código Foral, conforme a los siguientes criterios:

– se consideran parejas estables no casadas, las formadas por personas mayores de edad, del mismo o distinto sexo, unidas por una afectividad análoga a la conyugal. No podrían ser, parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, ni ligados por vínculo matrimonial.

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– se acredita la existencia de la pareja, ya mediante escritura pública o mediante  convivencia marital en un periodo ininterrumpido de dos años, debiendo realizarse la inscripción en un Registro administrativo específico de la Diputación General de Aragón.

– la pareja podrá regular libremente sus relaciones de convivencia, a través de un convenio en escritura notarial. Si nada se pactara, cada conviviente conservará la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes,  de modo que regirá entre ellos el régimen de separación de bienes.

– contribuirán al mantenimiento de vivienda y gastos comunes (alimentos, educación, vivienda y médico-sanitarios) en proporción a sus ingresos.

– no hay entre los convivientes usufructo de viudedad y los derechos sucesorios legales, se limitan al mobiliario, útiles y ajuar y a residir gratuitamente en la vivienda habitual, durante el plazo de un año, sin que cada uno llegue a crear relación de parentesco entre ellos, ni tampoco con los padres y hermanos del otro.

– la pareja estable deja de existir cómo consecuencia de matrimonio, mutuo acuerdo, decisión unilateral notificada fehacientemente al otro o separación de hecho durante un plazo superior a un año, sin que pueda pasarse a formar nueva pareja hasta que transcurran seis meses.

– en estos casos puede existir un enriquecimiento injusto de alguno de los convivientes, con lo cual el perjudicado podrá exigir una compensación económica por su dedicación al hogar o por realizar trabajos en beneficio del otro, pudiendo reclamarse en el plazo de un año.

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