DERECHO DE ABOLORIO O DE LA SACA Y CONTRATOS SOBRE GANADERIA.

El derecho de abolorio, como la legítima o la viudedad, tiene como finalidad básica la protección a la familia. Se trata de conseguir la conservación del patrimonio y el mantenimiento de la casa, evitando su división y que pase a manos extrañas. Si son bienes que han permanecido en la familia durante dos generaciones, es lógico que quiera defenderse que sigan en el núcleo familiar.

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Puede ejercitarse este derecho cuando se pretenda la venta de inmuebles de naturaleza rústica, edificios o parte de ellos situados en Aragón y presupone, que sean bienes que hayan pertenecido al menos a dos generaciones anteriores al vendedor, es decir que provengan de los abuelos del vendedor.

Se trata de una institución que ya existió en el Fuero de Jaca, y que ha llegado hasta hoy, regulándose en el vigente Código de Derecho Foral de Aragón. La idea inicial fue la de beneficiar a los distintos coherederos, cuando uno de los hermanos se propusiera vender la parte que le hubiera correspondido en la partición de la herencia del padre, de manera que se evitara la desmembración de la “casa”.

En la actualidad, puede ejercitarse no solamente por los hermanos sino también por los colaterales hasta el cuarto grado (tíos, primos, sobrinos) y también por los ascendientes y descendientes con ciertas limitaciones. Pero siempre sería exigible, que fueran personas de la línea familiar de la que procede el bien de que se trate. Podría tener lugar no solamente en el caso de venta o dación de pago, sino también en las subastas judiciales o extrajudiciales.

La intención de vender podría comunicarse o no por el vendedor a los diversos parientes con posible derecho de abolorio. Si se notifica la venta, el derecho de abolorio podría ejercitarse, en fase de tanteo, en los treinta días desde la notificación fehaciente, siempre que además se concretara el precio y demás condiciones legales. Si no se hubiera producido esa notificación, el plazo para ejercitar el derecho abolorio se alarga notoriamente, hasta el límite de dos años.

El ejercicio del derecho de abolorio o de la saca no supone un privilegio para nadie, porque el nuevo titular adquiere el inmueble en las mismas condiciones en que se hubiera pretendido vender y exige el pago o consignación del precio y además los gastos de transmisión. El adquirente no podría vender el bien adquirido por acto voluntario, durante cinco años, a no ser que venga a peor fortuna.

II

La Ley aragonesa tiene en cuenta nuestra inmemorial tradición ganadera, en varios preceptos relativos a la “alera foral” y “ademprios”.

La “ALERA FORAL” es una servidumbre de pastos entre pueblos contiguos, que permite el aprovechamiento por los ganados de un pueblo de los pastos existentes en el término de otro pueblo colindante, por donde ambos confrontan y hasta sus eras, con determinadas limitaciones a fin de evitar abusos. En su funcionamiento deberá estarse a lo establecido en el título por el que se constituyó, por la costumbre local o comarcal y en su defecto por las concordias y pactos a las que se pudiera llegar, pudiéndose complementar el derecho a pastar por el derecho a abrevar.

Ayerbe. Feria de vacuno en las afueras. Archivo Ricardo Compairé 1918-1943

Ayerbe. Feria de vacuno en las afueras. Archivo Ricardo Compairé 1918-1943

Los “ADEMPRIOS” tienen una naturaleza distinta, porque aquí se trata de derechos reconocidos a los miembros de una comunidad vecinal, para el aprovechamiento de pastos y leñas, con posibilidad de extensión a aguas y caza. Se trata de servidumbres personales, determinadas en su extensión por las necesidades de los distintos beneficiarios, entendiéndose como vitalicias y de duración indefinida. Son derechos reales de aprovechamiento parcial y se regirán por lo establecido en el escrito constitutivo, por la posesión inmemorial y en su defecto, por la costumbre.

El Código no llega a regular en toda su extensión y problemática los contratos sobre ganadería y se limita a decir que se regirán por lo pactado, por los usos y costumbres y por los principios generales en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico aragonés. Subsidiariamente resultarían de aplicación, por las normas del Código Civil y legislación general en España.

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